La historia no empezó en un despacho legislativo ni en una oficina judicial. Empezó frente a una cámara, escuchando durante años el mismo relato repetido por madres y padres que aseguraban haber perdido a sus hijos sin entender cómo. Todos describían una escena parecida: chicos que alguna vez habían amado a uno de sus padres y que, de un día para otro, comenzaban a rechazarlo con un odio que parecía imposible de explicar.
Fue esa repetición la que llevó a la periodista, comunicadora pública y política Mimi Dominici a iniciar una investigación que terminó ocupándole más de tres años de entrevistas, transmisiones en vivo y recopilación de antecedentes internacionales. Lo que inicialmente parecía un conjunto de historias aisladas terminó conduciéndola hacia un mismo concepto: la alienación parental.
Según explica, se trata de una forma de violencia psicológica ejercida por el progenitor conviviente que manipula al niño para destruir el vínculo con el otro padre o madre. Las motivaciones pueden ser diversas: venganza, conflictos personales, intereses económicos o simplemente el deseo de excluir al otro de la vida del hijo. El resultado, sin embargo, siempre es el mismo: un chico convencido de que odia a una persona a la que antes quería y abrazaba.
«Los conflictos entre adultos se deberían arreglar entre adultos y no incluir a las criaturas porque son las verdaderas víctimas. El niño tiene que criarse con mamá y con papá porque los necesita a los dos. No tiene por qué estar eligiendo», resume Dominici.
La investigación la llevó hasta Brasil, donde descubrió que la alienación parental está reconocida por ley desde hace más de quince años. Ese antecedente fue la base sobre la que comenzó a trabajar. Al mismo tiempo, uno de los casos que más influyó en la redacción del proyecto argentino fue el de Herman Krausse, el padre cuyos hijos fueron trasladados ilegalmente desde la Argentina hacia Brasil. La intervención de la Interpol permitió reconstruir el caso y la Justicia brasileña determinó que los chicos estaban siendo víctimas de alienación parental. A partir de esa conclusión, suspendió la tenencia de la madre y la otorgó provisoriamente al padre para sacar a los menores del entorno donde estaban siendo manipulados.
Ese antecedente se convirtió en la base del proyecto argentino. Dominici tomó la legislación brasileña, mantuvo su estructura central y la adaptó junto a un equipo interdisciplinario. La iniciativa ya fue presentada a la diputada nacional Miriam Niveyro y actualmente se encuentra siendo analizada en distintas comisiones de la Cámara de Diputados. Recién una vez concluida esa instancia podrá ser debatida en el recinto.
El corazón del proyecto es claro: cuando un equipo interdisciplinario especializado determine que un niño está siendo víctima de alienación parental, la Justicia podrá suspender la tenencia del progenitor alienador y restituir provisoriamente el vínculo con el otro padre o madre. Pero Dominici decidió incorporar un elemento que no existe en la legislación brasileña.
En lugar de limitarse al castigo, propone que quien ejerció esa manipulación deba atravesar durante seis meses un proceso obligatorio de formación y tratamiento para comprender el daño provocado y evitar que vuelva a repetirse. La intención no es solamente reparar el vínculo con ese hijo, también es impedir que el mismo patrón vuelva a reproducirse con otros niños.
El proyecto también busca resolver otro problema que, según sostiene, atraviesa actualmente a la Justicia argentina: la falta de herramientas específicas para detectar este tipo de violencia. «Está muy lindo el interés superior del niño. En la teoría queda divino. Pero en la práctica no está sucediendo», afirma.
Es justamente ahí donde aparece una de las críticas más duras de todo su planteo. Para Dominici, los jueces suelen limitarse a escuchar lo que el niño expresa sin preguntarse de dónde proviene ese discurso ni cuánto tiempo lleva siendo influenciado por uno de sus padres. Muchos intentan desacreditar el proyecto apelando a un argumento que, según explica, parte de una confusión deliberada.
Uno de los cuestionamientos más repetidos contra la iniciativa parte, según Dominici, de una confusión deliberada. Quienes buscan frenar el proyecto suelen afirmar que el «síndrome de alienación parental» fue descartado por la Organización Mundial de la Salud y, por lo tanto, la alienación parental «no existe». Sin embargo, la periodista aclara que se trata de dos conceptos completamente distintos. «En 2013 la OMS eliminó el síndrome de alienación parental porque planteaba que el niño debía tener una enfermedad psicológica preexistente para poder ser alienado. Eso es falso. Nuestro proyecto no habla del síndrome. Habla de alienación parental como una forma de violencia psicológica que puede sufrir cualquier niño», explica.
Esa diferencia no es solamente técnica. Es el eje sobre el que está construido todo el proyecto. Al dejar de lado el antiguo concepto de síndrome, la iniciativa propone que la Justicia deje de preguntarse si el niño presenta una patología y empiece a investigar si está siendo manipulado por uno de sus progenitores. Según Dominici, ese cambio permite intervenir antes, proteger al menor y evitar que la violencia psicológica siga naturalizándose bajo la apariencia de un conflicto familiar.
Por eso insiste en que el verdadero problema no es terminológico, sino judicial. Sin profesionales capacitados específicamente para detectar esa manipulación, la Justicia corre el riesgo de interpretar como voluntad propia lo que en realidad podría ser el resultado de años de condicionamiento psicológico.
Su recorrido periodístico también terminó moldeando esa convicción. Durante estos años entrevistó a decenas de familias atravesadas por conflictos judiciales y, paralelamente, cubrió algunos de los casos más dolorosos de violencia contra niños ocurridos en el país.
«Eso pasa en la Justicia. Dicen que hay que escuchar a los niños. En la realidad no sucede. Si realmente los escucharan, no tendríamos tantos chicos muertos, golpeados o abusados.» Lucio Dupuy, Ángel, Thiago son algunos de los nombres que aparecen inevitablemente cuando explica por qué considera urgente modificar el funcionamiento del sistema.
Porque, según sostiene, la Justicia argentina sigue llegando cuando el daño ya ocurrió. Y ningún expediente devuelve una infancia perdida.
Más allá de cómo avance el debate parlamentario, el proyecto ya consiguió instalar una discusión que hasta hace pocos años prácticamente no existía en la agenda pública. No discute solamente una nueva ley. Discute qué herramientas tiene hoy el Estado para proteger a un chico cuando el maltrato no deja moretones, sino ideas implantadas.
Porque un niño puede aprender muchas cosas de los adultos que lo rodean. Lo que nunca debería aprender es a odiar a uno de sus padres. Y si la Justicia todavía no logra distinguir cuándo ese rechazo nace de una decisión propia y cuándo fue construido por otros, quizás la verdadera deuda no sea solamente aprobar una nueva ley. Sea empezar, de una vez por todas, a escuchar a los chicos con todas las herramientas necesarias para comprender lo que realmente les está pasando.