Los fueros de familia fueron creados por una razón.
Se entendió que los conflictos familiares no podían ser tratados como cualquier otro litigio. Que cuando estaban en juego niños, vínculos afectivos y relaciones familiares se necesitaban jueces especializados, equipos interdisciplinarios y procedimientos capaces de ofrecer respuestas rápidas y adecuadas.
La finalidad era proteger a la familia y, fundamentalmente, garantizar el interés superior del niño.
Pero hay una pregunta que debemos empezar a formularnos sin miedo:
¿Qué ocurre cuando la institución creada para solucionar un problema termina convirtiéndose en parte de él?
A lo largo y ancho de la Argentina existen padres que pasan meses o años sin ver a sus hijos. También madres. Abuelos que pierden el contacto con sus nietos. Tíos separados de sus sobrinos. Hermanos que dejan de verse.
Detrás de cada expediente hay personas.
Y detrás de cada mes que transcurre hay algo que ninguna sentencia posterior puede devolver: tiempo.
La infancia no espera los tiempos de un tribunal.
Un niño que hoy tiene cinco años tendrá siete dentro de dos. Un abuelo puede morir esperando volver a abrazar a su nieto. Un vínculo que durante años no se alimenta puede deteriorarse hasta volverse prácticamente irreconstruible.
Por eso, cuando existe una resolución judicial que establece un régimen de comunicación y ese régimen se incumple sistemáticamente, la respuesta del Estado no puede consistir simplemente en agregar escritos, audiencias, informes y nuevas resoluciones a un expediente interminable.
Una sentencia que nadie hace cumplir es apenas una declaración escrita.
Y cuando esa inacción se prolonga durante meses o años, debemos comenzar a discutir también la responsabilidad de quienes tenían herramientas jurídicas para impedirlo.
Los jueces también deben rendir cuentas
La independencia judicial es una garantía de los ciudadanos frente al poder.
No es un privilegio personal de los jueces.
Un magistrado debe poder decidir sin presiones. Pero sus decisiones, sus omisiones y su actuación funcional deben poder ser examinadas, criticadas y, cuando corresponda, denunciadas mediante los mecanismos institucionales previstos por la Constitución y las leyes.
Los abogados tenemos una responsabilidad especial.
Cuando de las constancias concretas de un expediente pudiera surgir que un funcionario judicial contribuyó deliberadamente, mediante actos u omisiones jurídicamente relevantes, a sostener una situación ilegítima de impedimento de contacto, debemos analizar seriamente todas las responsabilidades posibles: disciplinarias, políticas y eventualmente penales.
Incluso deberá discutirse, cuando los elementos específicos del caso lo permitan, si determinadas conductas pueden configurar alguna forma de participación en los delitos vinculados con el impedimento de contacto.
No propongo denuncias indiscriminadas.
Propongo exactamente lo contrario: denuncias fundadas, documentadas y jurídicamente serias cuando existan elementos que las justifiquen.
Porque una denuncia aislada probablemente no transforme un sistema.
Pero imaginemos otra realidad.
Imaginemos que cada abogado argentino que encuentre en un expediente una conducta judicial que considere ilícita deje de naturalizarla.
Que documente.
Que recurra.
Que denuncie disciplinariamente cuando corresponda.
Que promueva los mecanismos constitucionales de responsabilidad cuando exista gravedad institucional.
Y que, cuando advierta elementos concretos de un posible delito, formule la denuncia penal correspondiente.
Tal vez entonces algunas cosas comenzarían a cambiar.
El silencio también construye instituciones
La Argentina conoce perfectamente la importancia de mantener viva la discusión sobre la responsabilidad de quienes ejercen poder.
Durante los años en que las leyes de Punto Final y Obediencia Debida constituyeron obstáculos para el juzgamiento penal de numerosos responsables de los crímenes cometidos durante la última dictadura, una parte de la sociedad recurrió a mecanismos de señalamiento público.
Aquella experiencia pertenece a un contexto histórico incomparablemente más grave y no debe equipararse con los conflictos actuales de la Justicia de Familia.
Pero deja una enseñanza democrática que sí merece ser recordada:
cuando las instituciones no ofrecen respuestas suficientes, la sociedad conserva el derecho a hablar, investigar, documentar, criticar y reclamar públicamente.
Siempre pacíficamente.
Siempre dentro de la ley.
Siempre respetando los derechos de todas las personas involucradas.
Pero también sin miedo.
Si un juez de familia enseña en una universidad sobre el interés superior del niño, su actuación pública como magistrado puede y debe ser objeto de debate académico y ciudadano.
Las universidades tampoco deberían ser espacios ajenos a esa discusión.
Podemos asistir a conferencias públicas. Formular preguntas. Contrastar el discurso académico con resoluciones judiciales públicas. Organizar jornadas. Publicar investigaciones. Presentar estadísticas. Debatir jurisprudencia. Pedir explicaciones institucionales.
No para perseguir personas.
Para discutir cómo se ejerce el poder.
Porque resulta difícil aceptar que alguien pueda explicar desde una cátedra durante años cómo debe protegerse el interés superior del niño mientras, al mismo tiempo, existan expedientes bajo su responsabilidad en los que vínculos familiares permanezcan destruidos durante años sin una respuesta efectiva.
Si existe una explicación jurídica razonable, deberá poder darse.
Y si no existe, la sociedad tiene derecho a saberlo.
Esto tiene que terminar
Durante demasiado tiempo hemos naturalizado que un expediente de familia pueda durar años.
Hemos naturalizado que una madre diga que hace dos años no ve a su hijo.
Que un padre diga que lleva tres años intentando recuperar el contacto.
Que unos abuelos envejezcan esperando una resolución.
Que un niño crezca escuchando una sola versión de su historia mientras el Estado observa cómo se destruye un vínculo.
No podemos seguir considerando normales esas situaciones.
La Justicia de Familia fue creada para proteger familias, no para administrarlas mientras se destruyen.
Los jueces fueron investidos de enormes facultades precisamente porque los derechos que deben proteger son extraordinariamente importantes.
Y cuanto mayor es el poder, mayor debe ser la responsabilidad.
Por eso creo que llegó el momento de que abogados, universidades, organizaciones civiles, periodistas y ciudadanos comiencen a observar mucho más atentamente qué sucede dentro de los juzgados de familia.
Denunciar cuando corresponda.
Recurrir cuando corresponda.
Investigar cuando corresponda.
Preguntar siempre.
Y señalar públicamente —de manera pacífica, documentada y dentro de la ley— aquellas contradicciones que merezcan una explicación.
No se trata de atacar a la Justicia.
Se trata de exigirle que cumpla la función para la cual fue creada.
Porque detrás de cada expediente hay una familia.
Detrás de cada número hay un niño.
Y detrás de cada año perdido hay abrazos que ninguna sentencia podrá devolver.
La Justicia de Familia debe volver a proteger a las familias.
Y si el sistema actual demuestra que no puede hacerlo, entonces tendremos que empezar a discutir seriamente si es el sistema el que debe cambiar.
Lucas Bianco